Ciudadanía y Pobreza: Cuatro variaciones

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por Dr. José Nun
Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación



Impresiona este análisis a partir de cuatro vueltas, a propósito de un tema sobre el que sin duda tiene el autor de este texto autoridad para decir. Esto por cuanto verifica, con argumentos sólidos, la faz negativa de la aplicación ciega, hipermoderna, de poca ilustración y elaboración, del modelo democrático, modalidad vacua y compulsiva con que un proceso se convierte en life style des-subjetivado: nada más atroz, porque acontece como must have de temporada. De esto, que es tema para pasarela en modas políticas, no nos escapamos. De allí esta propuesta como importante brújula parcial e iluminada.



Variación 1

Comenzaba la década del 40, las grandes potencias intentaban destruirse entre sí y todo estaba en cuestión. Con fines declaradamente distintos, nazis y comunistas coincidían en su énfasis en la movilización popular y nadie sabía cómo iba a terminar la guerra. Fue en ese momento que Joseph Schumpeter publicó su obra Capitalismo, socialismo y democracia. Escrita por un economista eminente ("el Marx de la burguesía", según algunos), sería sin embargo entre los estudiosos de la política que el libro iba a tener desde entonces su mayor impacto.

Ocurre que sus capítulos 21 y 22 critican por utópicas las altas expectativas que los autores clásicos habían depositado en una democracia que no llegaron a conocer y proponen en cambio, un replanteo realista de la noción. No hay tal cosa, sostiene Schumpeter, como una voluntad general que pueda darle sustento a la política por la simple razón de que son los propios políticos quienes fabrican esa voluntad. Por eso, allí donde la democracia ha tenido más éxito (los países anglosajones), se ha revelado como lo único que razonablemente puede llegar a ser: un método político mediante el cual se autoriza periódicamente a determinados individuos para que decidan por el resto. Nada más. Es un medio que puede servir para distintos fines y no hay que confundirlo con éstos: por ejemplo, es posible o no que conduzca a una mayor justicia social.

Pero, sobre todo, creer que la democracia puede significar el gobierno del pueblo termina por hacerle el juego a los peores excesos de los demagogos. En la práctica, la democracia no es otra cosa que el gobierno de los políticos. De ahí, dice Schumpeter, su analogía con el mercado: los partidos se asemejan a empresas que ofrecen sus productos (programas y líderes); y los ciudadanos, a consumidores que usan votos en vez de dinero para su "compra". Claro que si el producto después no les gusta, no hay devolución inmediata: tendrán que esperar hasta las próximas elecciones.

Cuarenta años más tarde, en una América Latina descreída del populismo estatista y donde las soluciones de fuerza habían acabado por destruir malamente tantos sueños de liberación, fueron muchos los intelectuales y los políticos progresistas que redescubrieron a Schumpeter y se plegaron a su supuesto realismo, unas veces con resignación y otras con el fervor de los conversos. Pero si leyeron sus capítulos 21 y 22, prefirieron ignorar, en cambio, su capítulo 23. Es una lástima y estamos pagando sus consecuencias.

En primer lugar, porque Schumpeter subraya allí que su reflexión sólo se aplica a países modernos y desarrollados, donde se supone que la mayoría de la gente tiene asegurados el pan y el trabajo y goza de protección social. Se sigue que, para poder trasladar esa reflexión a otros lugares, debe buscarse satisfacer prioritariamente este supuesto. Está bien desear que con la democracia se coma, se eduque y se cure siempre que antes se asuma que sin comida, sin educación y sin salud no puede haber democracia.

Después, porque Schumpeter fija un segundo punto de vista de singular importancia: dado que, así planteada, la democracia es el gobierno de los políticos y que estos operan como cualquier otro profesional, resulta inevitable que traten de subordinar la política a sus propios intereses. Por eso, depende de su alto calibre moral que no excedan ciertos límites. Si, en cambio, "el material humano de la política" no fuese de buena calidad buscará perpetuarse el poder mediante sucesivas reelecciones, manipulará la economía en su provecho, etc.

Pero hay más. Para que el método democrático funcione se requiere también que haya "una burocracia bien capacitada, que goce de buena reputación y se apoye en una sólida tradición, dotada de un fuerte sentido del deber y de cuerpo no menos fuerte". A la vez, tiene que existir una "autodisciplina democrática" que proteja a la sociedad de los "ofrecimientos de los fulleros y farsantes o de otros hombres que, sin ser una cosa ni otra, se conducirán de la misma manera que ambos." Por último, es preciso que se haya difundido una cultura de tolerancia y del respeto mutuo, que vuelva naturales las diferencias de opinión.

¿Qué hacer cuando una o más de estas condiciones se hallan parcial o totalmente ausentes? Schumpeter no lo dice y es por ahí que debería haber empezado la discusión entre nosotros cuando se iniciaron los procesos de transición a la democracia. No para abandonar la tarea antes de emprenderla sino para advertir que, contra lo que se quiso creer, aun definida como método la democracia dista de ser un asunto sencillo y sólo se puede consolidar si se pone el máximo empeño en cubrir sus requisitos, especialmente en contextos donde cumplirlos no es nada fácil.

Puesto de otra manera, esa discusión hubiera tenido y tiene que contribuir a determinar las reales prioridades de la agenda pública. Insisto: establecer la democracia no ya como modo de vida sino como procedimiento a la Schumpeter obliga, entre otras cosas, a achicar y no a agrandar las desigualdades sociales; a multiplicar los espacios de deliberación y participación que fomenten la tolerancia y el intercambio de ideas: a mandar a la cárcel a los corruptos y a denunciar a los fulleros y los farsantes; a no hacer pactos políticos de pura conveniencia; y a repudiar masivamente a los dirigentes mesiánicos.

Si no, decía el propio Schumpeter, "el mismo mecanismo funcionará de un modo distinto en épocas distintas y en lugares distintos". Por eso, supongo que no lo hubiese extrañado demasiado que abunden gobernantes que sólo ven en las elecciones un instrumento válido para intentar perpetuarse en el poder mientras masas cada vez más numerosas de votantes empobrecidos son convocadas cada tanto a cumplir con un ritual.


Variación 2

Según cuenta Norbert Elías, nuestros antepasados solían comer con las manos, pero ya desde el siglo XI era muy mal visto que mojasen el pan en la salsa de la fuente. Nos hallamos aquí en el terreno de las normas regulativas, es decir, de las convenciones que regulan una actividad que es anterior a ellas –en este caso, comer-.

Pero hay otro tipo de reglas, que han sido llamadas constitutivas porque dan su origen y su sentido a una práctica que no existiría sin ellas. El ejemplo más sencillo lo brindan los juegos: deslizar un trozo de madera sobre una tabla sólo se vuelve una movida de pieza de ajedrez en virtud de un reglamento que así lo establece.

Demos ahora un paso más. En forma parecida, tomar un pedazo de papel e introducirlo en una caja adquiere el sentido de voto exclusivamente en el contexto de la serie de reglas que le atribuyen ese significado. Claro que aquí la situación es más compleja. Para entenderlo, voy a citar la declaración complacida de un funcionario electoral nigeriano: "Podrá decirse lo que se quiera de estas elecciones: que hubo gente que le cortó la cabeza a otra, que hubo extorsiones, que hubo corrupción e inestabilidad social. De cualquier manera, son las elecciones más limpias que yo he visto" (The Globe and Mail, Toronto, 2/4/1988).

Es bastante lógico que nos sintamos poco inclinados a compartir la satisfacción del señor Umaru Armadu: cuando hablamos del voto en un régimen democrático representativo damos por supuesto un conjunto de condiciones que son también constitutivas del acto, en la medida en que éste debe implicar, como mínimo, la libre formación y expresión de a voluntad autónoma de votante, la legalidad de la consulta y el total respeto de los resultados a los cuales se arribe.

La educación democrática de un pueblo consiste en conseguir que llegue un momento en el que las reglas constitutivas de una convivencia democrática normal se tomen por dadas, esto es, se naturalicen y se conviertan en sentido común. Pasa entonces como con el lenguaje: uno puede no saber explicar las leyes de la gramática o de la sintaxis pero, sin embargo, se da cuenta de inmediato cuando se la viola, especialmente, si se trata de una violación grosera.

Por todo esto, son muchos los que piensan que, para consolidarse, la democracia representativa exige, entre otras cosas, un largo entrenamiento que sedimente en una verdadera tradición, tal como se habría dado en los países anglosajones; y desconfían de las transiciones más o menos súbitas. Sin embargo, otros (entre los cuales me incluyo) no desconocen la validez de estos argumentos pero consideran que son viables transformaciones más o menos rápidas siempre y cuando se satisfagan, por lo menos, dos exigencias: una, que se critiquen sistemáticamente las que eran reglas constitutivas del juego político en el pasado no democrático; y otra, fundamental, que las nuevas reglas constitutivas de la esfera pública sean obedecidas de un modo estricto y consistente.

Sobre lo primero, en California, en los años 60, las mujeres comenzaron a decirles piropos a los varones e incluso a darles caricias y pellizcos. Claro que hubo escándalo pero ése era justamente el propósito. A sabiendas o no, esas mujeres intentaban traer a la superficie las que habían sido hasta entonces las reglas constitutivas de las relaciones entre los sexos para que se volvieran conscientes y pudiesen ser cuestionadas y cambiadas.

Y bien: en esencia, no es muy distinto lo que se proponen hoy en Argentina quienes luchan por impedir que se tienda una pátina de olvido sobre el pasado. Pero no sólo es imprescindible sacar a la luz todos los horrores de las dictaduras militares sino también las copiosas propensiones autoritarias que jalonan la historia del continente y que llegan hasta nuestros días.

Para eso, la segunda de las condiciones resulta menos obvia de lo que parece y requiere, por lo pronto, que se cumpla fielmente la primera: como nunca se parte de cero sino que hay que construir lo nuevo con lo viejo, el pasado que no haya sido suficientemente criticado y elaborado, será inevitable que reaparezca.

Variación 3

El agua ocupa las tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta y los pobres representan un porcentaje más o menos parecido de la población que lo habita. Tal vez sea ésta la causa última de una tendencia bastante notable: casi siempre, los discursos sobre la pobreza apelan a metáforas relacionadas con el agua. Desde la circunstancia elemental de que, en el capitalismo, la pobreza constituye una forma aguda de la falta de liquidez hasta el propio hecho de que un siglo atrás fuera un armador de barcos convertido en lúcido crítico social, el inglés Charles Booth, quien primero hablase de una "línea de pobreza", extrapolando a partir de la línea de flotación de las naves que construía.

Uno se hunde o se ahoga en la miseria, es hombre al agua, se va a pique, toca fondo, es un seco, el agua le llega al cuello, se vuelve sumergido; salvo, claro, que logre hacer la plancha y, en una de esas, salga a flote – especialmente si alguien le tira una soga o un salvavidas -.

Los economistas no podían ser ajenos a esta tendencia y se entusiasmaron rápidamente con la idea del trickle down effect. En inglés, el sustantivo trickle designa a un chorrito de líquido; y el verbo to trickle, a eso que nosotros denominaríamos gotear. Con lo cual regreso a la idea del trickle down effect: postula que el crecimiento económico, más tarde o más temprano, acaba beneficiando también a los de abajo porque gotea a través de mayores ingresos y posibilidades de consumo.

Convengamos en que, de todas maneras, si se respeta su modesta traducción literal, ese efecto no suena demasiado atractivo para quienes menos tienen. Por eso, una de las picardías de los defensores latinoamericanos del neoliberalismo ha consistido en cambiarle lisa y llanamente el nombre: en vez de goteo, se habla ahora de derrame.

Sólo que es en este punto que nuestros senderos metafóricos se bifurcan: no ha habido derrame para la mayoría de los pobres del mundo pero, en cambio, nos hemos acostumbrado a derramar el agua potable que necesitamos para vivir. Con una consecuencia bastante dramática: que con este último tipo literal de derrame se benefician los ricos y no los pobres. Por el contrario, quienes menos tienen son también los más afectados por la falta de agua.

Por eso, se vuelve imperioso reunir hoy los dos temas y promover una amplia conciencia acerca tanto de la injusticia que representa la pobreza como de los peligros que supone la no protección del agua.

Variación 4

Era inglés, peleó en la Gran Guerra, ocupó la primera cátedra de sociología que tuvo su país y se llamaba Thomas Marshall. En 1949 dictó una serie de conferencias en la Universidad de Cambridge que se harían justamente famosas. El tema: Ciudadanía y clase social. Su mayor contribución fue explicar allí que, en las sociedades modernas, la noción de ciudadanía es siempre multidimensional. Más concretamente, designa por lo menos tres grandes conjuntos de derechos, con historias y bases institucionales distintas: los derechos civiles, los derechos políticos, y los derechos sociales.

En el caso de Inglaterra, el elemento civil de la ciudadanía (los derechos necesarios para la libertad individual, como los de propiedad, reunión, asociación, prensa, etc.) fue consagrado en el siglo XVIII y el sistema judicial ha sido desde entonces el lugar que lo garantiza. Después, en el siglo XIX, comenzó a universalizarse el componente político de la ciudadanía, esto es, el derecho a votar y a ser elegido, a organizarse y a participar en el ejercicio del poder. Sus principales ámbitos: el parlamento, los gobiernos locales, los partidos, los sindicatos, etc. Por último, el derecho a un nivel de vida digno y a compartir el patrimonio cultural de la comunidad define la dimensión social de la ciudadanía, que se ha desarrollado sobre todo en nuestro siglo. Un sistema equitativo de educación y una red amplia de servicios sociales resultan sus espacios más característicos, tal como lo evidencia el Welfare State de la posguerra.

Es decir que, en un orden liberal democrático que se pretende normal, la calidad de ciudadano impone obligaciones diversas (desde pagar impuestos hasta ir a la guerra) pero también otorga una serie compleja de derechos. Vale la pena insistir sobre este último punto: la serie es efectivamente compleja en razón de su misma multidimensionalidad y no admite ser reducida a sólo uno o dos de sus elementos, como muchas veces se hace.

Es posible, por ejemplo, que en un régimen oligárquico se respeten un conjunto de derechos civiles de la población sin que eso lo convierta en democrático. Tampoco merece este nombre un gobierno populista que impulse los derechos sociales mientras cercena los derechos civiles y políticos.

La conclusión que se impone es que, de igual modo, para ser un ciudadano no basta con votar periódicamente si no se goza a la vez de los demás derechos: hay que tener en claro que a una persona privada de ocupación y de sustento, maltratada por la justicia y carente de protección social, se le está usurpando también su ciudadanía por más que cada tanto se le permita acudir a los actos comiciales.

Sucede que un supuesto irrenunciable de todas las formas conocidas de democracia es que la conducta del ciudadano debe fundarse en su autonomía moral, en su capacidad de informarse, de debatir y de decidir por sí mismo cuáles son sus preferencias, sin estar sometido a la voluntad de otros. Y esa autonomía moral tiene por condiciones necesarias tanto las libertades individuales como una razonable seguridad e independencia económicas. Por eso, en las sociedades agrarias de hace uno o dos siglos, los ciudadanos en que pensaban Rousseau, Jefferson o Tocqueville eran, ante todo, los pequeños propietarios rurales. De manera parecida, el ‘estado benefactor’ de las sociedades industriales se organizó en torno a la figura del trabajador asalariado con empleo estable, con buenas condiciones laborales, con seguro social y con una remuneración satisfactoria.

De aquella conclusión se desprende, entonces, un corolario importante: según los derechos de los que cada uno efectivamente dispone, en los regímenes democráticos tienden a convivir ciudadanos plenos, semi-ciudadanos y no ciudadanos. Sólo que, en los países más avanzados y salvo épocas de crisis, la última de estas categorías es siempre mucho más chica que la segunda; y ambas son considerablemente más pequeñas que la primera. Pero no ocurre lo mismo en otros lugares que aspiran a parecérseles y donde, en los hechos, las posibilidades de una real participación democrática en el sistema político establecido son notoriamente más restringidas: alcanza con comparar el volumen actual de ciudadanos plenos de América Latina con el de la Unión Europea para no dejarse seducir demasiado por las similitudes formales. Por cierto, esto no significa que los excluidos no luchen por desarrollar sus propias formas de identidad y de resistencia; pero se ven forzados a hacerlo en los márgenes del orden constitucional y, muchas veces, enfrentándolo abiertamente.

Me imagino que si Marshall viviera, a medio siglo de sus conferencias de Cambridge y en esta época de luchas por la distribución de la riqueza, por la reducción de las todavía altas tasas de desocupación y de pobreza, y por la construcción de una justicia igualitaria, no podría eludir por lo menos dos constataciones un poco paradójicas. Él mismo intuyó la primera aunque nunca imaginó la virulencia que asumiría el fenómeno en América Latina: me refiero al conflicto potencial entre la índole fuertemente individualista de la ciudadanía civil y el claro espíritu solidario que anima a la ciudadanía social, conflicto que aquí se resolvió en los 90 a favor de la primera y que está en proceso de reversión en la actualidad. De ahí la segunda constatación, la cual podría formularse así: que en los últimos quince o veinte años haya aumentado sostenidamente la proporción de países que se proclaman democráticos no quiere decir en absoluto que haya crecido en la misma medida la cantidad de ciudadanos que habitan el continente, ya que, además de elecciones periódicas libres, la construcción de una ciudadanía plena requiere que la consagración de los derechos civiles vaya de la mano de la garantía de los derechos sociales y políticos. Mucho se ha hecho en estos años para avanzar en este terreno. Y mucho queda todavía por hacer para que el Bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia nos encuentre como una democracia de ciudadanos plenos.


Revista "Consecuencias" Nº 2/2008


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